viernes, 4 de septiembre de 2026
Milei se apropió de una obra peronista para ensayar un falso giro soberano
La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse en 2022, durante la gestión de Jorge Taiana. Dos años después, Milei ofreció su desarrollo conjunto al Comando Sur de Estados Unidos.
El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación ilegal de petróleo en las Islas Malvinas, la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia y el envío al Congreso de un proyecto de defensa de la soberanía. Presentó las medidas como el resultado de tres años de gestión y de una nueva política para el Atlántico Sur. Sin embargo, la principal obra anunciada comenzó durante el gobierno peronista y luego fue incorporada por el propio Milei a una alianza estratégica con Estados Unidos.
La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse a principios de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández y bajo la conducción del entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana. El proyecto fue concebido para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, brindar apoyo logístico a la actividad antártica y consolidar una política soberana en una región estratégica. Milei omitió ese antecedente y presentó la continuidad de la obra como una iniciativa propia.
La operación resulta todavía más contradictoria al recordar lo ocurrido el 4 y 5 de abril de 2024. Durante la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson, Milei viajó de madrugada a Ushuaia para recibirla en el predio de la base y anunció que su desarrollo se realizaría conjuntamente con Washington. La misma infraestructura que ahora utiliza para declamar soberanía fue ofrecida dos años atrás como parte de una “alianza estratégica” con una potencia extranjera.
El resto de los anuncios responde al avance del proyecto Sea Lion, encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que podría comenzar a extraer petróleo en los próximos meses. “La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó Milei, y prometió desplegar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales contra quienes participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
El Gobierno firmará un decreto para acelerar las sanciones previstas por la Ley 26.659. También enviará al Congreso un proyecto que extenderá las penalidades a accionistas, directivos y proveedores, impedirá que las empresas infractoras contraten con los sectores público y privado y permitirá aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda. Según Milei, la Cancillería ya envió cerca de 180 advertencias a compañías y autoridades de 29 países.
Las medidas contra la explotación británica son necesarias, pero no borran las profundas contradicciones del Gobierno. Milei expresó reiteradamente su admiración por Margaret Thatcher, alineó la política exterior argentina con Estados Unidos y su administración relativizó incluso la presencia de un buque de bandera británica en el puerto de Ushuaia. Su repentino patriotismo apareció únicamente después de que Donald Trump sugiriera que Washington podría revisar su histórico respaldo al Reino Unido.
El Presidente también intentó vincular la soberanía con el RIGI y con su política de entrega de recursos estratégicos a grandes capitales extranjeros. Presentó la explotación intensiva de minerales e hidrocarburos como una condición para alcanzar poder internacional, cuando su modelo económico debilita la capacidad del Estado, extranjeriza decisiones fundamentales y convierte las riquezas nacionales en garantía de negocios privados.
Horas antes del mensaje, Milei había reivindicado en Chile el golpe de Estado contra Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet. Después de celebrar un régimen criminal, pidió unidad nacional y afirmó que Malvinas debía quedar por encima de las diferencias políticas. No existe defensa de la soberanía sin democracia, memoria histórica ni respeto por la autodeterminación de los pueblos.
Malvinas es una causa nacional, popular y latinoamericana. Su defensa exige impedir la explotación británica, fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y sostener una política exterior autónoma. No puede quedar subordinada a Donald Trump, al Comando Sur ni al oportunismo de un Presidente que pretende apropiarse de una obra peronista mientras entrega la estrategia nacional a los Estados Unidos.
