La democracia no puede depender de una bala que no salió

El 1.º de septiembre de 2022, la democracia argentina quedó a merced de una contingencia mecánica. Un hombre apoyó un arma a centímetros del rostro de la vicepresidenta de la Nación y gatilló. La bala no salió. Cristina Fernández de Kirchner sobrevivió, pero el pacto democrático que la Argentina había construido desde 1983 recibió un golpe del que todavía no terminamos de tomar dimensión.

Aquel pacto nunca significó ausencia de conflictos. Nuestra democracia atravesó levantamientos militares, crisis económicas, estallidos sociales y enfrentamientos políticos profundos. Sin embargo, había una frontera que parecía definitivamente establecida: las diferencias se procesaban mediante las palabras, las instituciones y el voto. La eliminación física del adversario había quedado del otro lado de una puerta cerrada por el horror de nuestra propia historia.

El atentado contra Cristina volvió a abrir esa puerta. No se trató solamente del ataque contra una dirigente política ni de un episodio policial protagonizado por personas marginales. Fue un intento de magnicidio contra una vicepresidenta en ejercicio, cometido frente a cientos de militantes y transmitido prácticamente en directo a todo el país.

¿Qué habría ocurrido si el arma funcionaba? No podemos saberlo y, justamente por eso, deberíamos conservar la gravedad de la pregunta. La Argentina pudo haber presenciado el asesinato de su vicepresidenta ante las cámaras, en medio de una multitud y dentro de un clima político atravesado por una creciente violencia. Las consecuencias institucionales, sociales y humanas podrían haber sido irreparables.

La democracia no fue protegida aquella noche por la eficacia de sus instituciones. Fue salvada por una bala que no salió. Esa constatación debería haber impulsado una investigación capaz de determinar todas las responsabilidades, desde los autores materiales hasta quienes pudieron financiar, organizar o alentar el atentado. Cuatro años después, la trama completa continúa sin esclarecerse.

No hace falta ser kirchnerista, compartir los gobiernos de Cristina ni querer que vuelva a ser candidata para comprender la gravedad de esta impunidad. Se puede cuestionar su conducción, discutir sus políticas y enfrentarla electoralmente. Lo que no puede aceptar ninguna persona democrática es que se intente asesinar a una dirigente y que el país se resigne a no conocer toda la verdad.

La reacción institucional también se fue debilitando con el paso de los días. El repudio inicial cedió rápidamente ante la especulación partidaria, las sospechas lanzadas contra la propia víctima y las teorías que buscaron convertir el atentado en una puesta en escena. Una parte de la dirigencia, la Justicia y el periodismo evaluó la gravedad del hecho de acuerdo con su simpatía o rechazo hacia Cristina. Cuando la defensa de la democracia depende de quién sea la víctima, el pacto democrático deja de ser verdaderamente común.

El atentado tampoco puede separarse del clima que lo precedió. Criticar con dureza a una figura pública es legítimo y forma parte de cualquier sociedad libre. Otra cosa es convertirla sistemáticamente en una presencia monstruosa, despojarla de humanidad y construir la idea de que su sola existencia constituye una amenaza que debe ser eliminada. Las palabras no disparan un arma, pero pueden crear las condiciones para que alguien crea que hacerlo está permitido.

Cuatro años después, esa degradación no se detuvo. El insulto, la humillación y la eliminación simbólica del adversario ocupan cada vez más espacio en el debate público y son legitimados incluso desde las máximas responsabilidades del Estado. En ese contexto, la falta de respuestas sobre el atentado transmite un mensaje peligroso: que la violencia política puede atravesar el límite más extremo sin que la democracia reaccione con toda su fuerza.

Recordar lo ocurrido no debería ser un acto partidario ni una consigna exclusiva de un sector del peronismo. Es una obligación democrática. Porque aquel 1.º de septiembre no estuvo en juego solamente la vida de Cristina Fernández de Kirchner: estuvo en juego la decisión colectiva de no volver a resolver nuestras diferencias mediante la violencia.

La Argentina no puede confiar otra vez en la falla de un arma. Necesita verdad, justicia e instituciones capaces de defender sin especulaciones el derecho de cualquier adversario a vivir, expresarse y participar de la vida pública. Ese es el pacto que se rompió aquella noche y que todavía debemos reconstruir.