Trabajadores y trabajadoras de todo el país se reunieron este martes en los barrios para debatir medidas de organización y reclamar respuestas ante el recorte de programas sociales, el desfinanciamiento de comedores comunitarios y la paralización de obras en los sectores más vulnerables.

Organizaciones de la economía popular realizaron este martes asambleas en distintos puntos del país para analizar el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y definir acciones de resistencia frente al deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares. Las reuniones se desarrollaron bajo la consigna de enfrentar el ajuste, fortalecer la organización comunitaria y exigir respuestas urgentes ante la profundización de la crisis social.

Entre los principales reclamos surgidos de las asambleas aparece la continuidad del Salario Social Complementario, junto con su actualización y la incorporación de nuevos beneficiarios. Las organizaciones sostienen que miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular desarrollan tareas esenciales para sus comunidades y denuncian que el congelamiento de los programas agrava la situación de familias que ya enfrentan una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Otro de los puntos centrales de las demandas está vinculado al desabastecimiento de comedores y merenderos. Los movimientos sociales denuncian que el recorte en la entrega de alimentos por parte del Estado nacional impacta directamente sobre los sectores más vulnerables y debilita las redes comunitarias que durante años sostuvieron la asistencia alimentaria en los barrios. Para las organizaciones, el hambre se ha convertido en una de las expresiones más dramáticas del ajuste.

Las asambleas también reclamaron políticas de apoyo para las unidades productivas que funcionan en cooperativas, emprendimientos comunitarios y espacios autogestionados. Según señalaron los participantes, el acceso a herramientas, insumos y financiamiento resulta indispensable para sostener miles de puestos de trabajo que hoy se encuentran amenazados por la caída del consumo y la falta de acompañamiento estatal.

La paralización de las obras de integración sociourbana fue otro de los ejes que atravesó los debates. Las organizaciones advirtieron que la suspensión de proyectos de infraestructura en barrios populares no sólo afecta la generación de empleo, sino que también posterga soluciones vinculadas al acceso a servicios básicos, urbanización y mejoramiento de las condiciones habitacionales.

Desde los movimientos de la economía popular sostienen que el escenario actual combina pérdida de ingresos, aumento de la pobreza y desfinanciamiento de políticas públicas orientadas a los sectores populares. En ese contexto, las asambleas buscaron fortalecer la organización territorial y construir respuestas colectivas frente a un modelo económico que, según denuncian, descarga el peso del ajuste sobre quienes viven de su trabajo.

La jornada concluyó con una consigna que sintetiza el reclamo de las organizaciones: **"Trabajo sin salario es esclavitud"**, una definición con la que buscan visibilizar la situación de miles de trabajadores de la economía popular que continúan desarrollando tareas esenciales mientras ven deteriorarse sus condiciones de vida.